El Gobernador de Guerrero y los Normalistas
Rafael Martínez de la Borbolla 
#AyotzinapaSomosTodos
Desde que el 26 de septiembre de 2014 cuarenta y tres estudiantes de magisterio fueron detenidos por la Policía Municipal de Iguala y entregados a los sicarios del cartel de Guerreros Unidos, México se encuentra entre la consternación y la negación. Nada se ha sabido de ellos y la nación, enfrentada a sus peores demonios, se pregunta con angustia dónde están, que sucedió en realidad. Bajo estas interrogante, cuya respuesta puede dar lugar a un estallido aún mayor, ha quedado atrapado el Gobierno federal. La Ciudad de México ha sido paralizada por manifestaciones de estudiantes universitarios y asociaciones civiles que exigen el pronto esclarecimiento del caso. La escena política, hasta hace poco ocupada por grandes reformas y flamantes proyectos de infraestructuras, se ha poblado de fosas y cadáveres. El fantasma del estado fallido esta de vuelta.
En un informe de la Procuraduría General de la República se descartan que los cadáveres de 28 personas encontrados en varias fosas con cuerpos humanos en los alrededores de Iguala correspondan a los de los jóvenes normalistas desaparecidos, pero ¿entonces de quienes son esos cuerpos? ¿desde cuando están ahí? las fosas mismas con cadáveres desconocidos son un testimonio más del absoluto abandono institucional que sufre Guerrero.
A casi un mes de ocurridas las desapariciones de los normalistas en Iguala ya nadie cree que el gobierno no haya sido capaz de dilucidar el paradero de los secuestrados y empieza a crecer la versión de la conspiración, en la cual el gobierno federal oculta la verdad de lo ocurrido con propósitos de especulación política y negociación electoral. Si los organismos de seguridad del Estado conocen el paradero de los estudiantes levantados por la policía municipal ausente y no lo dicen, sería evidencia de una perversión inaudita del poder; si no lo saben, es inevitable concluir que su ineptitud es plenamente disfuncional y ajena a cualquier cosa que pueda llamarse gobierno. El CISEN y las estructuras de inteligencia de la PGR deberían de desaparecer de facto. Ante la inconformidad de la ciudadanía por el manejo de las Investigaciones, el Procurador Jesús Murillo Karam presenta un fuerte desgaste político por lo que se anticipa su relevo para finales de este año.
Está más que claro que las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y las desapariciones forzadas realizadas en Iguala en contra de los estudiantes constituyen un crimen de Estado, pues fue operado directamente por agentes de seguridad oficiales, muchos actualmente presos, agravado con las evidencias de colusión con uno de los cárteles del narco que operan en la entidad y la muy probable participación intelectual directa de su hoy fugado y destituido ex presidente municipal perredista. Todo esto ante la ineptitud y omisión de su Gobernador.
Por su escalofriante magnitud, el caso Ayotzinapa alcanzó una relevancia internacional inédita, ya que rebasa la labor de los grupos y redes de derechos humanos para incluir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su solicitud de medidas cautelares; la oficina de la Organización de Naciones Unidas en México y varios relatores; los diplomáticos en México del Parlamento Europeo; incluso el gobierno estadunidense se ha pronunciado, seguido del director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas.
La realidad es que la esperanza de encontrar con vida a los jóvenes normalistas es mínima y pone en evidencia la fragilidad de las instituciones, constatando la penetración de la delincuencia en todos los niveles de gobierno. Lo aún más trágico es la ausencia de una voluntad política decidida para dar término a esa penetración, que las altas autoridades, en el fondo, no parecen atender con la celeridad y firmeza necesarias.
La detención de los capos de Guerreros Unidos, y de los policías de Iguala y Cocula, deberían llevar a las autoridades al esclarecimiento final de este gravísimo asunto.
Guerrero lleva dos gobiernos del PRD, pero con candidatos externos: primero fue el empresario Zeferino Torreblanca, y luego el priista Ángel Aguirre. Nunca ha ganado el estado con un militante, lo que parecía alcanzable hasta antes de esta crisis. A principios de septiembre, no parecía haber duda: el senador del PRD Armando Ríos Píter sería su candidato y ganador de las elecciones. Ahora el regreso del PRI a ese estado se antoja más que probable. Mientras tanto el gobernador Perredista Ángel Aguirre Rivero, quien estaba más interesado en sus negocios personales que en gobernar en un estado de derecho, se aferra al poder; arremete, se desdice, moviliza a sus simpatizantes, calla. Aguirre es conocido como “el cacique de la Costa Chica“, una de las siete regiones del estado y que colinda con Oaxaca, que junto con Chiapas concentra a muchos de los pobres (53,3 millones de personas) del país. Su carrera se remonta a 1979 y saltó a la arena política nacional bajo el ala de José Francisco Ruiz Massieu, gobernador de Guerrero entre 1987 y 1993, que lo nombró secretario de Desarrollo Económico en 1987. Ruiz Massieu murió asesinado el 28 de septiembre de 1994, cuando ocupaba la secretaria general del PRI y se perfilaba como líder de la cámara de diputados en el próximo gobierno del Presidente Zedillo. Meses después de la muerte de su mentor, en 1996, Aguirre asumió el poder en Guerrero como gobernador interino tras la dimisión de Rubén Figueroa Alcocer, investigado por la masacre de Aguas Blancas, ocurrida el 28 de junio de 1995.
Según una reciente encuesta del Periódico Excélsior, la falta de resolución del caso de la desaparición de 43 normalistas, las revelaciones sobre este suceso y el agravamiento de las protestas han provocado que ahora 66% de la población nacional pida la dimisión del gobernador de Guerrero. Todo indica que los horas del cacique están contadas, se anuncia La Caída, el círculo se está cerrando, el Presidente de la República le ha volteado la espalda, la ciudadanía exige su renuncia, la opinión pública se ha unificado en su contra, Manuel Añorve ex alcalde de Acapulco y principal candidato del PRI a esa gubernatura, como en el ajedrez empieza mover las fichas en posición de ataque, para el poderoso Rubén Figueroa la hora de cobrar viejas afrentas a llegado y unifica fuerzas con el ex alcalde para obtener para los suyos futuros puestos políticos en el estado, AMLO y su Morena con un discurso timorato no saben como deslindarse de su pasado político que lo liga al cacique caído en desgracia, y lo más importante, la dirigencia nacional del PRD ha entendido que no puedo soportar el alto costo político que implica sostenerlo. Todos los factores políticos de peso, están decididos a que Ángel Aguirre se tiene que ir y solo se mantendrá en el cargo mientras se define quien es su sucesor. Es solo cuestión de tiempo.
Las bancadas del PRI y del PAN en el Senado presentará el 30 de octubre el dictamen sobre la desaparición de poderes en Guerrero, mientras la Comisión de Gobernación debe recabar pruebas sobre la ingobernabilidad en la entidad. La desaparición de poderes es una de las tres vías legales que se han manejado para la salida de Ángel Aguirre del poder; la renuncia y la revocación de mandato son las otras.
Alejandro Encinas Rodríguez, a nombre del PRD, consideró entendible que la Comisión de Gobernación decidiera ampliar el plazo para dictaminar en torno al tema, pues ello permitirá analizar a fondo las atribuciones del Senado en torno a una declaratoria de desaparición de poderes. Aclaró que el mandatario estatal no puede presentar una renuncia, pues los cargos de elección popular son irrenunciables, ante lo cual debería solicitar licencia para que se pueda proceder con lo referente a la desaparición de poderes.
“Queremos una investigación a fondo caiga quien caiga. Si es el gobernador o el procurador de Justicia del estado, si son miembros del Congreso del estado, que se les castigue”, concluyó.
En época de tormenta ganancia de pescadores, aprovechando el caos y hondo pesar de la comunidad de los normalistas, el Padre Solalinde a titulo personal y como si tuviera alguna designación especifica de los padres de familia de los desaparecidos para representarlos y sin tomar en consideración a la sociedad de alumnos de Ayotzinapa, quienes incluso le han solicitad una reunión urgente para verificar sus declaraciones; actúa, se presenta como líder de un movimiento de facto y dice tener información confidencial; sin aclarar su procedencia y veracidad, todo queda en dichos y aún peor, sin acudir a las autoridades responsables. Amaga, acusa al gobierno y dice tener evidencia, eso si sin presentarla de obstaculizar la justicia, responsabiliza de los hechos al Presidente Peña Nieto, provoca y declara usurpando las funciones de fiscal ante los medios de comunicación, todo la anterior en lugar de ayudar a la investigación turba las aguas, promoviendo el encono y la rabia entre la sociedad. ¿Trae agenda? Que hable claro.
La tragedia que azota Guerrero y el manejo errático ante la crisis del gobierno de Aguirre le han restado apoyos. Todo indica que el sustituto saldrá de la corriente de Izquierda, el cual tendrá que entender que el estado de derecho y gobernabilidad se encuentra al filo de la navaja, por lo que tendrá la obligación y responsabilidad de llevar a los responsables de tan monstruosos hechos ante la justicia, caiga quien caiga, es previsible que contará con todo el apoyo del gobierno federal, pues a su vez este ha sido provocado y entiende que no hay más espacio para la simulación.
Ante el colapso de la justicia, la imagen de un México guiado por un liderazgo concertador, valiente y modernizador, apoyado en una clase política eficaz en la negociación, paso a ser flor de un día. El reclamo de la sociedad es imperativo; se debe de actuar para restablecer la paz, la justicia, el orden y los más elementales derechos individuales.