“EPN y los normalistas de Ayotizinapa” Por Rafael Martínez de la Borbolla @rafaborbolla

EPN Y LOS NORMALISTAS DE AYOTZINAPA

Rafael Martínez de la Borbolla

Los autores intelectuales del asesinato de los normalistas de Ayotzinapa según la Procuraduría General de la República (PGR) son el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, ambos trabajaban directamente con el grupo Guerreros Unidos y la mujer por diversos lazos familiares era la “principal operadora” de la organización criminal en Iguala. Abarca entregaba alrededor de tres millones de pesos mensuales a los Guerreros Unidos, de los cuales al menos 600 mil pesos se destinaban como pago adicional de la nómina de la policía municipal.

Un antecedente importante para entender lo que ocurrió el 26 de septiembre pasado es que en junio de 2013, María de los Ángeles Pineda Villa había sido “agredida” durante “un conflicto entre personas afines al alcalde y el grupo Unión Popular Emiliano Zapata”, entre quienes había normalistas de Ayotzinapa.

El Viernes 26 de septiembre, según relatos de la PGR, a las 6 de la tarde, estudiantes de la normal “abordaron dos camiones en Ayotzinapa, los cuales los obtuvieron en Chilpancingo, y de ahí partieron con destino a Iguala”. A ese municipio llegaron hacia las 9 de la noche, donde “toman dos unidades adicionales. Hubo resistencia del chofer de una tercera unidad y resultó lesionado”.

A partir de ahí los eventos se precipitan:

“Según testimonios, los “halcones”, informantes del grupo criminal Guerreros Unidos y elementos de la policía de Iguala, reportan al Centro de Control de Iguala el arribo de estudiantes de Ayotzinapa y algunas otras personas”, indica la PGR. Lo que asumen tanto funcionarios como integrantes de los Guerreros Unidos es que los estudiantes se dirigían al centro de Iguala a sabotear la presentación del informe de gobierno que realizaba el alcalde acompañado de su esposa.

“En las declaraciones de los detenidos se precisa que, pensando que podría repetirse el escenario de conflicto que se vivió en junio de 2013, se les ordena reaccionar y pedir apoyo a la policía de Cocula. El encargado del centro de control de Iguala declara que la orden de enfrentar a las personas viene de parte del A-5, clave que se usaba para identificar al alcalde de Iguala”.

Empieza, entonces, la persecución contra los normalistas. Al final son detenidos a balazos resultando muertos algunos de los estudiantes, sacándole los ojos en el acto a uno que siguió oponiendo resistencia, e ingresado los sobrevivientes a la Central de la policía de Iguala y tiempo después son sustraídos de esta dependencia por policías del municipio de Cocula, quienes actuaban en complicidad con los de Iguala. La policía de Cocula trasladó al grupo de detenidos a un paraje entre los límites de Iguala y Cocula y ahí son entregados al grupo de Guerreros Unidos en presencia de policías municipales de Iguala para su ejecución, ser descuartizados y después incinerados.

El escandalo por la desaparición de los normalistas recoge un malestar acumulado y amplio al ver que los crímenes suceden y nunca se esclarecen, poniendo en entredicho la estrategia de seguridad pública del gobierno federal, la cual no ha eliminado la impunidad. Una estrategia que supuestamente diferenciaría a este gobierno del anterior y que fue presentado como la prioridad número uno en su mensaje inaugural hace ya casi dos años y la cual fue cambiada por el aplauso fácil de las reformas económicas.

Al iniciar la administración federal actual, como lo fue una constante durante su campaña, el Presidente puso énfasis en que la estrategia de seguridad pública del gobierno anterior había estado mal orientada. Por lo que proponía un “golpe de timón” a las decisiones sobre el tema de seguridad. Se ofreció así centralizar las decisiones en materia de seguridad en una sola secretaría y sustituir la otrora Secretaría de Seguridad por una Comisión Nacional de Seguridad. La Secretaría de Gobernación sería la única encargada de la política de seguridad y la CNS sería la encargada de coordinar las acciones de las diferentes fuentes policiacas, a la cual se le añadiría una adicional que se llamaría la Gendarmería, en sustitución de la propuesta de un mando único policial.

Pero ¿Por qué el gobierno federal queda tan desprestigiado por estos sucesos? ¿Aún cuando el alcalde y el gobernador ahora sustituido, pertenecían al Partido de la Revolución Democrática (PRD)? Porque se tardó en dimensionar la crisis que afrontaba. Privilegiando el consenso político sobre la percepción de la sociedad; optó por negociar la dimisión del gobernador Ángel Aguirre; de haberla concretado de manera inmediata, hubiera supuesto una tregua con la opinión publica para darle tiempo a las investigaciones a dar resultados, cuando esta se materializo por la magnitud de la crisis esta había traspasado las fronteras estatales para alcanzar las federales, dando lugar a justos reclamos internacionales por la total violación a los derechos humanos.

La tragedia de las desapariciones forzadas ha puesto en crisis a todo el sistema de partidos políticos reconocidos y sostenidos por el presupuesto federal. En particular el PRD no puede eludir su responsabilidad como institución en los crímenes cometidos por representantes suyos, electos bajo sus siglas, y cuyos procederes delictuosos habían sido denunciados hace tiempo. La desaparición forzada fue cometida por un gobierno municipal del PRD y encubierta durante ocho días por un gobierno estatal del sol azteca. Esta quiebra moral, institucional y jurídica ha sido respondida sólo con disculpas y evasivas de sus dirigentes.

Aún cuando la PGR se tardo varios días en atraer el caso, las investigaciones emprendidas fueron eficientes y concretas; ya se tiene móvil, el alcalde y su esposa están tras las rejas, pero tengamos cuidado, su arresto recuerda el espectáculo de la detención de Florence Cassez en 2005. A esta fecha se suman 59 detenido y la realidad es que el caso esta cerrado. Ahora solo falta sancionar con todo el peso de la ley, que de seguro se hará, a todos los responsables.

Aún cuando la ineficacia del Estado mexicano en el terreno de la inseguridad es indudable y la indignación popular es entendible, debe quedarnos claro que el gobierno federal no los mató. El gobierno de Guerrero no los mató. Los mataron. Y la mayoría de los responsables ya han sido detenidos.

Al gobierno del Presidente Peña Nieto le ha quedado claro que en la actual circunstancia, los partidos no son parte de la solución, son parte del problema, de nada sirve conciliar políticamente cuando el pueblo esta al borde del estallido social. Ha constatado que en procuración de justicia no hay espacios para el cabildeo.

Iguala es la gota que derramó el vaso, pero existen otros Estados de la República además de Michoacán que básicamente se encuentra ocupada por el Ejercito Nacional, que en cualquier momento pueden entrar en crisis; Oaxaca, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Chiapas se pueden considerar en la víspera del trueno a menos que se de un golpe de timón y se cambien las estrategias planteadas en cuestión de seguridad.

No basta sustituir dirigentes o realizar reformas. Queda claro que de nada sirvió la costosa inversión federal en las pruebas de confianza para autoridades dedicadas a la procuración de justicia. Despedir policías, como se hace cotidianamente, sólo multiplica delincuentes. Se ha constatado que necesitamos desmantelar esos aparatos, empezando por suprimir la necesidad de que existan. La “alternancia”, en que ya tuvimos gobernantes y administraciones de todos los partidos, demostró claramente que puede ser peor que la continuidad.

El gobierno del Presidente Peña Nieto esta enfrentando su reto de retos y su inicio ha sido poco alentador, aún más cuando pese a todos los reclamos persistió en realizar su viaje a China y Australia, donde se interpreta fue a dar una explicación por la cancelación de la multimillonaria licitación del tren ligero México – Querétaro. En política la percepción es todo, incluso más importante que la realidad, y las señales enviadas han sido fatales, su estrategia de control de crisis se ha visto rebasada y la percepción ciudadana; aún más cuando desde las elecciones presidenciales se encontraba dividida, es totalmente incrédula y desconfiada toda vez que los reciente acontecimientos son una vergüenza nacional y sí, México esta de luto. Se vislumbran en el corto plazo cambios en el gabinete.

Twitter: @rafaborbolla